Para los administradores la adopción de un programa de prevención de delitos acorde con las exigencias del Código Penal y demás normativa aplicable no es una opción, sino una obligación que, si bien no deriva de la Ley ni de los estatutos, sí que es inexcusable por las circunstancias concurrentes en virtud de su deber de diligencia. Sin embargo, los administradores cuentan con cierta discrecionalidad en la determinación de su contenido.

Art 31 Código Penal: Atribuye al Órgano de Administración la adopción y ejecución de modelos de organización y gestión que atribuyan medidas de vigilancia y control idóneas.

Art 225 Ley Sociedades de capital: Deber general de diligencia. 1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.

Art 226 Ley Sociedades de capital: 1. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.

Art 529 ter. Ley Sociedades de capital: Establece las facultades propias del Órgano de Administración que no admiten delegación, y alude expresamente a : «b) La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control.